Código Ético

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Este documento recoge un código de prácticas y acciones concretas que las personas que ocupen cargos electos y de libre designación deberán cumplir para asegurar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía, con mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de cuentas, democráticos y populares, y con espacios reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos.

También se plantean diversos compromisos y medidas que tienen como objetivo garantizar que todos puedan dedicar el tiempo necesario a la gestión política y a las funciones públicas y, al mismo tiempo, acabar con los privilegios de los que, durante muchos años, ha disfrutado buena parte de la clase política, y que han provocado un grave alejamiento de los intereses de la ciudadanía.

Este compromiso de ética política parte de la confianza y el compromiso que estas candidaturas mantienen con las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública, además de significar un mecanismo de apoyo, supervisión y control a su tarea.

Las personas que ocupen cargos públicos bajo el mandato de este código de ética política, se comprometen también a impulsar los instrumentos y mecanismos legales necesarios para que estos principios éticos se conviertan en norma obligatoria para todos en la administración.

Este código ético quiere ser flexible, dinámico y conciso. Las candidaturas trabajarán en un reglamento que concrete y haga operativos los principios del código ético.

Los principios recogidos en este código ético comprometen a todas las personas de estas candidaturas que ocupen cargos electos, de libre designación y gerenciales.

Todas estas personas se comprometen a:

Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad.

1. Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas

1.1. Defender lo establecido en el programa político de las candidaturas y actuar como representantes, obligados a seguir las decisiones tomadas en los mecanismos democráticos y abiertos a toda la población que se fijen, promoviendo la corresponsabilidad política de todos y todas.

1.2. Hacer públicas las agendas de los representantes, para hacer visible con quién se reúnen y los temas que se tratan. Y prohibición expresa de reunirse a solas con empresarios y representantes de otros partidos políticos.

1.3. Facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de los representantes, así como todos aquellos datos necesarios para la detección de posibles conflictos de intereses y la elaboración de auditorías ciudadanas. Este compromiso se extenderá a los 3 años siguientes a su salida de la función pública.

1.4. Hacer públicos los criterios de contratación de los cargos de libre designación.

1.5. Rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos a todos los ámbitos de la sociedad.

1.6. Aceptar la censura (y revocación, en su caso) de electos/as y cargos de libre designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de la gestión de las personas con cargos públicos de las candidaturas, y la ciudadanía tendrá el derecho y el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación de este principio.

1.7. No acceder durante un periodo, mínimo de 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas, supervisadas, o que hayan sido beneficiarias de un contrato estatal, dentro del ámbito y/o sector donde ha desarrollado su función representativa. En ningún caso se ocuparán cargos en los consejos de administración de éstas.

1.8. Mantener un contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidad, garantizar el espacio necesario en sus agendas para atenderlos y dar respuestas a sus propuestas, y tener presentes a la hora de tomar decisiones los informes de las personas de la administración que trabajan con estos colectivos.

1.9. Garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento político de las candidaturas sobre temas estratégicos y proyectos de impacto social, ambiental o urbanístico, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y solidaridad. Todas las personas que ocupen cargos electos y de designación se comprometen a impulsar y apoyar todas las iniciativas ciudadanas propuestas a través del marco legal vigente o en el marco de las candidaturas.

2. Financiación, transparencia y gestión de los gastos

Las candidaturas se comprometen a:

2.1. Ser transparentes en su gestión, publicando desagregados (desglosados) todos los datos referentes a los ingresos y gastos, que gestionarán en vez de entidades de economía social y solidaria.

2.2. Poner un tope máximo a las donaciones privadas.

2.3. La candidatura tendrá un compromiso explícito de trabajar con las instituciones de la banca ética para garantizar su independencia y la coherencia con su programa.

2.4. Apostar claramente por una limitación drástica del gasto en campaña electoral.

2.5. No utilizar fundaciones o entidades jurídicas para financiarse con recursos y mecanismos poco transparentes, y con objetivos diferentes a los de la candidatura.

2.6. La introducción de sanciones administrativas y penales efectivas en caso de financiación irregular.

2.7. Se hará un uso de la financiación coherente con este código ético y sus valores, realizando aportaciones puntuales y finalistas encaminadas a fortalecer el tejido asociativo (sin generar dependencias o clientelismos).

3. Profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción

Las personas con cargos electos, gerenciales y de libre designación se comprometen a:

3.1. Renunciar a los regalos y privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar un trato de favor.

3.2. No duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición.

3.3. No duplicar sueldos ni cobrar remuneraciones extras para asistir a reuniones.

3.4. Establecer un sueldo máximo de 3 veces el salario mínimo interprofesional… como salario neto mensual, incluyendo dietas, entendiendo que esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las responsabilidades y funciones que suponen el cargo asumido. El sueldo será variable también en función de las responsabilidades.

3.5. Limitar su mandato a dos legislaturas consecutivas, (excepcionalmente prorrogable a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana).

3.6. Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los DD. HH. o los derechos de las personas trabajadoras.

3.7. Hacer un buen traspaso de información y de conocimiento (sin remuneración), siguiendo un protocolo acordado en el marco de la candidatura.

Las candidaturas se comprometen a:

3.8. Facilitar la conciliación entre la vida laboral y la política, estableciendo mecanismos de apoyo a los cargos públicos durante su reincorporación al mundo laboral en caso de no encontrar trabajo.

3.9. Desarrollar mecanismos para la conciliación entre la vida familiar y política.